Rafael Alonso Solís
Preguntar a la gente acerca de cuestiones cerradas se ha convertido en una especie de mantra con el que se convoca a la democracia en su versión supuestamente más pura, más cercana a sus orígenes espirituales e intelectuales, puede que más canónicos. El autor del documental Las cloacas de interior, Jaume Roures, ha reconocido que “democracia” es una palabra prostituida. De la misma forma que lo son “libertad de expresión”, “justicia”, “honestidad” o cualquier otra que esté recogida en el catálogo de las buenas costumbres y en los libros de estilo de la corrección política. Es más, ¿qué es corrección y qué es política? ¿Qué significan las dos cosas, cuando se juntan en ese término tan ambiguo como pérfido y polisémico? Si estos conceptos tuviesen algún significado compartido y aceptado moralmente, seguramente no sería necesario estar haciéndoles referencias contínuas. La realidad es que las palabras no significan nada en sí mismas, y que únicamente alcanzan su valor cuando son libres y se manifiestan al margen de los catecismos o las ideologías. Las palabras tienen sentido cuando se mueven entre otras, a las que abrazan y besan, con las que se confrontan y confunden, con las que son capaces de conformar rimas, soportar tragedias, inventar comedias o trasladar ideas. Las palabras cumplen su función, y seguro que lo hacen con todo orgullo, cuando se usan para explicar lo inexplicable, para acompañar a los gestos o para multiplicar el lenguaje. Pero las palabras no significan nada en absoluto cuando se utilizan de forma interesada, con intenciones aviesas y sin que al que las pronuncia le dé vergüenza el maltrato o la tergiversación a la que se las somete. Por eso mismo, preguntar a la gente –a la que llamarla así parece que la ennoblece o la sublima, un trile coloquial en el que incurre tanto la derecha como la izquierda– sobre cuestiones cuya respuesta está decidida de antemano es una perversión de los mismos principios que se supone sostienen la credibilidad de la pregunta. Es difícil aceptar que algún referendum no esté amañado desde sus orígenes. Los dictadores los practican habitualmente, una vez que se han calculado las posibilidades, se han fletado los medios de transporte y se ha garantizado la provisión de bocadillos. En las denominadas consultas populares –esos remedos de democracia en los que el número de votantes no suele superar a los habituales del barrio o a los miembros de la cofradía– la pregunta está cuidadosamente diseñada para que su respuesta haya sido prevista con amplio margen de error, dentro de los intervalos de confianza previamente calculados para el entorno. Cada uno de nosotros suele considerar la pregunta según su redacción y su relación con el lenguaje y los objetivos de ese ente mafioso al que solemos identificar con “los nuestros”. Mientras no aceptemos que consultar requiere que la informacion sea suficiente y los consultados hayan recibido la educación a la que tienen derecho, seguiremos realizando consultas suyo resultado solo respetaremos cuando coincida con el contenido de nuestras miserias. 
Putas militarizadas al servicio de la patria o pellejos migrados donde combinar espermatozides y óvulos para el ejercicio de un supuesto derecho. En la película Asesinato en ocho milímetros, dirigida en 1999 por Joel Schumacher, un detective de poca monta investiga en los bajos fondos cinematográficos la industria de la pornografía filmada a medida del consumidor, y acaba descubriendo un inframundo de celuloide en el que se matan niñas a puñaladas para disfrute de la sala de cine privada de los millonarios californianos. Cuando le pregunta a uno de los implicados en el negocio que por qué lo hicieron, la contestación es sencilla: “porque podíamos”. Supongo que todos esos encuestados que se han mostrado a favor de la regulación de los también llamados “vientres de alquiler” pensarán en el extremismo exagerado de mi comparación. Claro que no es lo mismo asesinar a una niña en ocho milímetros por un millón de dólares que ser follada por veinte o treinta soldados al día, a cambio de camastros de barracón y comida de supervivencia. Tampoco es equivalente la violación con dirección de escena y cámara subjetiva –como dicen que sufrió Maria Schneider, sin que estuviera previamente en el guión, en El último tango en París– a la creación de granjas de seres humanos, con control de calidad, análisis genético personalizado y paritorios de diseño. Y claro que es diferente la magnitud del desprecio al otro que suponen las fotografías de niños y niñas que la pederastia organizada compran, venden y difunden por las redes ocultas, o los deslices viciosos de las sotanas, si se comparan con las tramas de altura que explicarían las desapariciones de jóvenes y las orgías de sangre que se sospecha han estado sucediendo en la alrededores de las costas levantinas. Si aceptamos que cualquiera dispone de derechos sencillamente porque tiene con qué pagarlos, y que esos derechos incluyen la utilización del cuerpo de una mujer que necesita el pago, estamos aceptando la ética del amo, del pederasta y del putero. Y eso no cambiará por mucho que se pregunte a la gente, se apruebe en referendum, se regule en el parlamento o se bendiga en los altares.
