Rafael Alonso Solís

El trece de marzo de 2004, el Boletín Oficial del Estado publicaba un Real Decreto del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre acreditación de institutos de investigación sanitaria. Se trataba de un ambicioso plan, elaborado por expertos, que pretendía generar estructuras especializadas para llevar a cabo investigación biosanitaria de excelencia, acelerando el traslado de los resultados de investigación  –básica, clínica y epidemiológica– al sistema nacional de ciencia y salud, al paciente y a la sociedad. El modelo tenía por objeto crear entidades bien definidas de investigación biomédica, asociando un hospital docente con una universidad, facilitando la interacción diaria entre los investigadores básicos y clínicos en una estructura física, común y tangible. El proceso de acreditación implicaba la elaboración de una memoria detallada, que debía someterse a evaluación durante un período de dos años. De forma inmediata, aquellas autonomías que ya disponían de estructuras en las que se había puesto en marcha una investigación biomédica con el adecuado nivel de calidad comenzaron a presentar sus propuestas. El relato es un buen ejemplo de la ineficacia habitual de los diferentes gobiernos de Canarias en la gestión de la ciencia y la sanidad, y de su enroque permanente en pleitos insulares, enredos provincianos y deficiencia técnica. Entre 2009 y 2015 se acreditaron en España veintinueve institutos de investigación sanitaria –ocho en Madrid, siete en Cataluña, cuatro en Andalucía, tres en Valencia, dos en País Vasco y una en Aragón, Cantabria y Castilla-León–. ¿Qué ha pasado en Canarias en esos trece años? Desde 2007, el Hospital Universitario de Canarias y la Universidad de La Laguna comenzaron a trabajar conjuntamente en la elaboración de una propuesta. En 2010, con el acuerdo de la Consejería de Sanidad, y el apoyo del Cabildo de Tenerife y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la ULL, junto a los dos hospitales universitarios de Tenerife, presentó un proyecto al Instituto de Salud Carlos III para la construcción y desarrollo de un instituto de investigación sanitaria, consiguiendo una subvención de 8 M€, cuya ejecución está finalizando. En 2012, la ULL consiguió de forma competitiva más de 4 M€ de la Unión Europea para “desarrollar el potencial de investigación e innovación biomédica de Canarias”, un proyecto que finalizó en 2016 y que ha permitido incrementar de forma significativa nuestras capacidades en estas áreas. Lamentablemente, a pesar de reunir los requisitos, disponer de la capacidad y haber multiplicado el potencial existente, las sucesivas direcciones de la Consejería de Sanidad han impedido la presentación de una propuesta de acreditación, han mareado la perdiz y han conseguido que Canarias sea una de las pocas Autonomías sin un centro de estas características. Ayer mismo, el presidente de Canarias enfatizó la voz para afirmar que “vamos a crear un instituto de investigación sanitaria”, pero sigue sin saber –ni él ni sus asesores, ni los responsables de dirigir el proceso, ni quienes le han precedido en esa responsabilidad– en qué consiste un centro de investigación traslacional, y seguirán pensando que todo consiste en un acto administrativo que cree una entidad virtual, formada por varios hospitales y dos universidades, con mar de por medio y con sus laboratorios y unidades físicamente dispersos. Y aunque se les haya explicado en varias ocasiones, son incapaces de entender que eso no sirve para nada, que lo que está funcionando en otras regiones con éxito es otra cosa, y que el empecinamiento sólo ha servido, hasta ahora, para dificultar la investigación biomédica en Canarias, impidiendo su traslación eficaz a la sociedad.

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