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Alquileres, Arrendamientos, Deshaucios, Fondos buitres, Inquilinos, Maricarmen
Carmelita Flórez
Allí donde se cruzan los caminos,
donde el mar no se puede concebir,
donde regresa siempre el fugitivo,
pongamos que hablo de Madrid…
La Puerta del Sol, ese lugar en donde los madrileños se levantaron contra la invasión napoleónica, 2 de mayo de 1808; que vio la revolución del cuartel de San Gil, junio de 1866, reinaba la de los tristes destinos. Y la proclamación de la II República, 14 de abril de 1931. El ahora edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid que albergó la Dirección General de Seguridad, aquella maquinaria franquista para aniquilar al subversivo, desde donde se defenestró a Julián Grimau en 1963; o donde estuvo retenido un rato, a principios de la Transición, 22 de diciembre de 1976 —le tocó el gordo de la lotería al Zorro Rojo, alias Santiago Carrillo— un señor camuflado bajo un peluquín que aceptó los usos institucionales para buscar un consenso democrático. O que vio el 15 de mayo de 2011 cómo se llenaba de jóvenes insumisos que buscaban un futuro mejor protestando contra la iniquidad de su existencia, si se puede. Sí, decían, se puede. La Puerta del Sol…
La Puerta del Sol, que hospeda ahora la protesta —cientos de inquilinos en tiendas de campaña bajo el reloj de las campanadas del año nuevo— contra la imposibilidad de obtener una vivienda a un precio asequible para sus economías; manifestantes desesperados por no conseguir unas condiciones de alojamiento digno para todos aquellos que se dejan la vida en sus rincones; que claman de forma espontánea contra el abuso y poder descontrolado de las inmobiliarias buitres que marcan los precios a su antojo; ciudadanos que protestan contra la política de vivienda, si la hubiera, que los partidos políticos promueven ignorando al vecino que se deja la vida en sus rincones.
Maricarmen, una señora de 87 años, impedida, con una salud precaria, desposeída de bienes, que residía desde hace más de 70 años en su vivienda, ha sido desahuciada sin reparos por la avaricia desenfrenada de lucro de unos empresarios sin escrúpulos amparados en unas leyes que desprotegen al ciudadano. Además de la vivienda de toda su vida Maricarmen ha perdido el arraigo, la vecindad, el paisaje físico, su barrio, la relación social con su entorno, su memoria histórica, los lazos afectivos en los que ha vivido toda su vida. Y todo por un puñado de euros.
El drama de Maricarmen ha sido el detonante que ha movilizado la repulsa contra esos arrendadores abusivos, contra esa carencia de viviendas, contra esa condena a la desaparición. Ahora, los partidos políticos, ayuntamientos y autoridades, tras su juego de reproches y descargos de responsabilidades mutuos, intentan encauzar la riada creciente de enfado, la inundación y rechazo del que son objeto por parte de los ciudadanos. Buscan acuerdos precarios y futuras e imprecisas leyes para mitigar la marea desatada contra los políticos antes de que se convierta en un torrente que los arrastre a la desconfianza del ciudadano.
Maricarmen, desde la silla de ruedas de una habitación de un hospital, se ha convertido en un faro que alumbra el tortuoso camino para conseguir el derecho a una vivienda. Seguramente, pasada la protesta ciudadana, los fondos buitres seguirán lucrándose sin importarles el infortunio del arrendatario. Y antes de volver al presente Maricarmen recuerda aquella vida en que fue feliz. Un agujero queda para mí, piensa.
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