Los centros históricos de las grandes ciudades sufren una paulatina presión especulativa que está acabando con su personalidad y su identidad histórica-cultural. En el caso de Madrid es notable la metamorfosis que ha sufrido, convirtiéndose sus calles en un decorado espurio de cartón piedra levantado para atraer al turismo. Los anglicismos del casual food, coffe shop, café&tapas, de callos a la madrileña o de bocadillos de calamares-plástico invaden los comercios de Madrid como una versión actualizada de un bienvenidomistermarshall postmoderno. En fachadas y escaparates del centro histórico madrileño abundan los tópicos españolistas tan recurrentes como falsos de folklorismo andaluz, de tauromaquia caduca, de espadachines hidalgos, de personajes goyescos, de retratos de bodas reales o de camisetas de futbolistas mercenarios, como si todo ese conjunto informe de fetiches ambulantes definieran la personalidad de la capital. Es el Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor, por el que tanto apostó la anterior alcaldesa Ana Botella, de infausta memoria.

Una gran parte del espacio público de calles y plazas del centro de la ciudad se ha ocupado por terrazas o reclamos comerciales. Es el uso privado de un suelo público. Si quieres sentarte tienes que pagar.

Los partidos políticos o grupos de presión económica han luchado por el control del territorio despiadadamente a lo largo de los últimos veinticinco años. En 1990, el partido socialista aprobó una ley del suelo ampliamente contestada por los conservadores, porque suponía el control centralizado sobre el territorio y supeditaba al gobierno central la intervención de las comunidades periféricas sobre sus dominios, además de regular la colegiación de los profesionales de la edificación. Con la entrada en el gobierno, en 1996, del marido de la señora Botella (Famaztella es la empresa de ambos conyuges, no necesariamente marital ni afectada por la crisis) cambió por completo la legislación en materia de territorio. Tras sucesivos fallos derogatorios de las ordenanzas socialistas y nuevas leyes se promulgó en 1998 la Ley del Suelo, que venía a liberalizar el comercio del suelo público, modificaba la colegiación y ponía en manos de las comunidades autónomas el control de un inmenso territorio. Con las manos libres la Comunidad de Madrid ha realizado desde 2001 no menos de doce modificaciones sucesivas de la Ley del Suelo aprovechando las rendijas de los presupuestos o diferentes leyes de medidas fiscales, que eludían así la vía ordinaria de tramitación parlamentaria y el debate y transparencia políticos.

El poder tiene miedo de que se ocupe el suelo público para manifestarse en su contra. Por eso procura hacer incómodo su uso, bien despoblándolo de mobiliario urbano, ausencia de bancos donde se sienten los vecinos, bien colocando obstáculos e impedimentos (un ejemplo son las marquesinas antimendigos), bien retirando árboles que den sombra en los tórridos veranos madrileños. Tanto en la Puerta del Sol, como en la Plaza del Callao no existen bancos para sentarse y muy pocos en la Plaza Mayor, pero eso no impidió las manifestaciones espontáneas del 11 de mayo de 2011. Desde entonces, el poder se ha encastillado en leyes mordazas que limitan el libre derecho de expresión. En la foto, el profesor de la Complutense Juan Carlos Monedero da su clase en la Puerta del Sol a pesar del frío del 28 de noviembre de 2012.

De aquellos polvos de la reordenación y construcción del suelo surgió el lodo de la burbuja inmobiliaria y las consecuencias económicas y urbanísticas que supuso en 2008 la explosión de la misma: caída del mercado inmobiliario, enorme parque acumulado de viviendas, desahucios, venta de viviendas sociales a fondos buitres de inversión (Ana Botella vendió al fondo Blackstone 1.890 viviendas públicas por 128,5 millones de euros en noviembre de 2013. En este grupo figuraba como consejero su hijo José María Aznar Botella), recalificación para fines comerciales de suelo destinado a equipamiento urbano, invasión de los lugares emblemáticos de las ciudades por las elites económicas, aeropuertos sin aviones, autopistas de peaje por las que no pasa nadie, circuitos de Fórmula 1 sin bólidos, vías férreas sin trenes, cesiones a grupos privados de suelo público a bajo precio, concesiones de infraestructuras hospitalarias, educativas, recreativas públicas a la gestión privada, dificultades para el acceso a la vivienda, etc., etc.

Recientemente, el grupo empresarial chino Dalian Wanda compró el Edificio España por 265 millones de €, que quiere convertir en un hotel de lujo y en un centro comercial.

La caída del precio inmobiliario propicia el interés de fondos de inversión internacional, que aprovechan el bajo costo de los inmuebles madrileños para comprarlos. El poderío económico de estos grupos les permite imponer sus normas y o modificar leyes adaptándolas a sus intereses. Era la pretensión de Sheldon Adelson, un oscuro mafioso condenado en varios países que se tiró el rollo de que iba a construir en Alcorcón un macrocasino, Eurovegas, un polo de expansión económica que contaba con las sonrisas beatíficas de doña Esperanza Aguirre y al que iba a dotar tanto de ruletas como de prostitutas internacionales para reducir las cifras del paro. La pretensión de desarmar el Edificio España y modificar no sólo el uso original del mismo, sino alterar por completo el tejido social y las relaciones vecinales de todo el barrio contaba así mismo con el visto bueno del anterior gobierno municipal. El cambio de ayuntamiento ha supuesto la negativa a los planes caprichosos del inversor chino, al menos de momento.
Diferentes inmuebles o zonas de la ciudad experimenta situaciones similares y los negocios tradicionales o actividades que encierran se ven alterados cuando no obligados a desaparecer. La personalidad del barrio se transforma en otra ajena a la actual. Es el caso de la transformación de la antigua sede de Banesto, ahora en las garras del grupo Villar Mir, o la transformación en grandes superficies de ropa de los antiguos cines de la Gran Vía, o del pequeño comercio secular, incapaz de sobrevivir al pago de altos alquileres, o de cafés históricos y lugares de reunión que han echado el cierre. La ciudad se convierte en un parque temático de franquicias y marcas globalizadas, iguales en Madrid que en Chicago o Berlín. Calles llenas de turistas, espectadores erráticos en un decorado de opereta y pintura al agua, la vulgaridad de una ciudad cualquiera.

El fin de la moratoria sobre los contratos de alquileres produjo que miles de establecimientos tradicionales desaparecieran al no poder pagar los elevados costes de actualización de arrendamientos. Eso ha supuesto una pérdida del comercio minoritario, que se ve sustituido por grandes cadenas o franquicias internacionales basadas en el lucro desmedido y desvinculadas totalmente con el barrio donde se ubican.

©Texto y fotografías: Ángel Aguado López