Gabriel de Araceli

Han pasado 40 añazos y aún nos sobrecoge el recuerdo de aquellos días de enero cuando el terror fascista nos inundó el corazón de rabia y de miedo. No fue fácil el camino a la democracia, los coletazos asesinos del franquismo golpeaban con saña el incierto camino de la Transición, llenando de sangre las esquinas de los nuevos tiempos. El 24 de enero de 1977, unos pistoleros de Fuerza Nueva asesinaban a sangre fría a cinco personas del despacho de abogados de CCOO, en la calle Atocha, 55: Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.

Toda España se quedó sobrecogida. El día anterior, el estudiante Arturo García Ruiz fue asesinado a manos de la extrema derecha durante una manifestación pro-amnistía. Y el mismo 24 fallecía María Luz Nájera, otra joven estudiante, casi una niña, que fue alcanzada por un bote de humo de la policía durante una manifestación en la Gran Vía. Un misterioso GRAPO había secuestrado unas semanas antes al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y el mismo día de los asesinatos de los abogados era también secuestrado el teniente general Villaescusa. Fue horrible, era como precipitarse de nuevo al vértigo de la dictadura, a la negritud del caudillaje que los sanguinarios “fachas” querían perpetuar en España. Las responsabilidades de aquella matanza nunca fueron del todo depuradas. En los cuerpos de seguridad herederos del franquismo se mezclaban numerosos partidarios de la extrema derecha con fascistas internacionales venidos del exterior. Y en la misma justicia, el juez Gómez Chaparro demoraba la instrucción del proceso a su cargo o regalaba permisos penitenciarios a los acusados.

Cinco vidas se truncaron. El precio que pagaron los asesinos por sus crímenes fue de fin de rebajas. Fernando Lerdo de Tejada, uno de los autores del asesinato aprovechó uno de esos permisos y se fugó de España, nunca más volvió. Fernández Cerrá, autor material de los disparos, quedó en 1992 en libertad. Y el tercer asesino material, Carlos García Juliá, no cumpliría ni la décima parte de los 193 años de prisión que la justicia le impuso por sus crímenes. Se estableció en Paraguay aprovechando otro permiso carcelario en 1994, se pasó al narcotráfico y nunca regresó a España. Los diferentes gobiernos de estos últimos años se han interesado poco en exigir su extradición a pesar de saber dónde se esconde. Es comprensible, «eso ya está sustanciado judicialmente, lo que había que sustanciar, desde hace muchísimos años».