Nadie sabe por qué a José Antonio González Pacheco le gustaba tanto que le llamaran Billy el Niño. Es posible que el apodo surgiera, en voz baja, en las aulas universitarias madrileñas, durante los años sesenta, cuando aquel ridículo matón de la Brigada Político-Social iniciara su carrera de torturador y comenzara a añadir muescas a las porras negras o a los puños americanos con los que golpeaba en los interrogatorios. O puede que se lo pusiera él mismo, ansioso de alcanzar la gloria de la calle, y lo difundiera en medio de las palizas que aplicaba a los detenidos, con aquellas chaquetitas grises de hombros estrechos, pantalones de campana y corbatas anudadas con impecable nudo Wilson que vestía durante la jornada de trabajo. A William Booney –el Billy histórico– las leyendas de la frontera llegaron a adjudicarle hasta veintiuna marcas en la culata del colt, durante una corta y sangrienta carrera como pandillero en Nuevo México y como pistolero a sueldo en la banda de Chisum, cuando la guerra entre ganaderos y aspirantes a políticos locales del condado de Lincoln se ventilaba a tiros y se resolvía con la eliminación del competidor, el exterminio de los ovejeros o la corrupción de los administradores de justicia. A González Pacheco, sin embargo, aún no se le ha juzgado, al igual que a la mayoría de los torturadores franquistas, a los matones que imponían la ley del silencio e instauraban el miedo bajo la protección de una placa, o a los que daban las órdenes desde los consejos de ministros o los cenáculos del partido único. En el caso de los últimos, incluso, algunos se convirtieron en héroes de la transición y han seguido recibiendo medallas y reconocidos los servicios prestados. Si el cine ha mostrado en ocasiones a Billy el Niño como un atractivo bandolero y un libertador de las praderas –nada menos que Paul Newman, Marlon Brando o Kris Kristofferson lo han encarnado en la pantalla–, la realidad es que los daguerrotipos de la época muestran a Booney como un tipejo malencarado y con indicio de pocas luces, carente de cualquier asomo de belleza o hidalguía. Curiosamente, González Pacheco –cuya fotografía actual está siendo difundida en las redes sociales estos días– tiene, si cabe, un aire aún más marcado de rata consumida por el odio, como si la impotencia constituyese un aspecto característico de su personalidad y eso fomentase su afición a joder al personal sin distinción de géneros ni edades. Cuando era joven disimulaba su escasa estatura con tacones y se cardaba la melena para aumentar la sensación de volumen. Ahora su careto ha surgido con la oportunidad que la historia nos da en raras ocasiones, y la habilidad de un fotógrafo nos ha permitido reconocerle en la calle. Sin que se trate de venganza, González Pacheco debería ser el primero de una larga serie de imputados por los crímenes pertrechados por la policía franquista, y aprovechar su salida a la luz para ajustar las cuentas con la dictadura.
Salvador Puig Antich, el último ajusticiado por garrote vil en España
El 2 de marzo pasado se cumplieron 41 años del ajusticiamiento del anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado al alba en la Prisión Provincial de Barcelona tras ser declarado por un tribunal militar franquista culpable de la muerte del joven subinspector de policía Francisco Anguas Barragán. Salvador Puig Antich fue el último ejecutado en España por el procedimiento medieval del garrote vil. La muerte se lo llevó por delante tras dieciocho minutos de agonía. Tenía veinticinco años.
Los hechos probados del sumario indican que el 25 de septiembre de 1973, Salvador Puig Antich, junto con Xavier Garriga, ambos militantes del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, grupo clandestino anarquista, fueron detenidos por policías de la Brigada Político Social, BPS. Durante el forcejeo entre anarquistas y policías se produjeron varios disparos, a consecuencia de los cuales Puig Antich, que portaba una pistola cargada pero sin montar (diversas fuentes le asignan dos pistolas, una Kommer y una Astra, de diferentes calibres, hecho que complicó posteriormente la veracidad de las pruebas empleadas en su acusación), recibió dos heridas de bala y resultó muerto el subinspector Anguas, que tenía 23 años. Como su nombre indica, la Brigada era la policía encargada al final del franquismo de investigar todas las estructuras de partidos y asociaciones contrarias a la dictadura. La BPS llevaba meses tras los anarquistas, que ya habían realizado varios atracos por la comarca de Barcelona y herido de gravedad a un empleado del Banco Hispanoamericano a comienzos de 1973.
Una fotografía de Salvador Puig Antich
El consejo de guerra sumarísimo celebrado el 8 de enero de 1974 contra Puig Antich estuvo plagado de irregularidades: la autopsia del policía fallecido se realizó en la misma comisaría en la que este prestaba servicio por un forense nombrado al efecto; los casquillos y las balas que causaron la muerte al policía se perdieron; el informe de balística no se tuvo en cuenta, “no es necesario, nosotros somos profesionales de las armas” –dijo el presidente del tribunal militar durante la vista–; las pruebas aportadas por la policía resultaban confusas, cinco policías armados arrestando a una persona que consigue, sin embargo, zafarse y herir de muerte a uno de ellos; las pruebas aportadas por la defensa se denegaron; Xavier Garriga, el cómplice durante los hechos de Puig Antich, declaró bajo tortura en contra de este, etc. Ese mismo día se dictó sentencia, la pena de muerte.
Recordemos la situación histórica que en aquel momento se sucedía en el mundo. 1974, en octubre, unos meses después del ajusticiamiento, fue el año en que en un pequeño pueblo de la banlieue (periferia) parisina llamado Suresnes, un desconocido Isidoro se hacía con la secretaría general de un partido que se llamaba PSOE, tan desconocido para los españoles como el secretario. ¡“Ali, bumayé”!, gritaba una multitud enardecida en septiembre de ese año en Kinshasa a su ídolo Mohamed Ali, también conocido como Cassius Clay, un chicarrón del Bronx que terminó noqueando en el octavo asalto a George Foreman, en el combate por el título mundial de los superpesados en el que el dictador congoleño, Mobutu Sese Seco, se escondía por miedo a ser también él noqueado por su pueblo. En España, el cardenal Tarancón, azote del régimen, impide que el día después de la ejecución de Puig Antich, el 3 de marzo, monseñor Añoveros, obispo de Bilbao, sea expulsado de España por desafecto. “Había un avión preparado al efecto” –recuerda Juan Luis Cebrián–, tras amenazar al dictador, con el apoyo del cardenal Montini, el papa Pablo VI, con excomulgarlo, algo que ni por lo más remoto se le había pasado por la imaginación a Franco, él, que lo había dado todo por la Iglesia. Además, en las pantallas españolas se proyectaba la película Fin de semana al desnudo, en la que Alfredo Landa hacía el papel de… playboy, y Lina Morgan de…femme fatal.
El MIL era un pequeño grupo clandestino de jóvenes anarquistas inspirado en los ideales del parisino mayo del 68 y en la revolución cubana del comandante Fidel. Salvador Puig Antich, nacido en Barcelona en 1948, era hijo de un militante nacionalista de izquierda que sufrió, tras el exilio en el campo de concentración francés de Argeles-sur-Mer, la represión del franquismo y fue también condenado a la pena de muerte, aunque finalmente condonada. En 1972 y 1973 los miembros del MIL, jóvenes deslumbrados por una conciencia social imprecisa forjada en los barrios obreros y en lecturas marxistas y libertarias, realizaron algunos atracos a bancos por la zona de Barcelona con el objeto de recaudar dinero, “expropiaciones” lo llamaban ellos, para combatir la dictadura del Caudillo, aunque no realizaron acciones armadas de envergadura porque ni tenían medios, ni en su ideario se planteaba esa actitud bélica. El franquismo vivía sus últimos momentos en medio de una agitación social importante, huelgas, protestas, manifestaciones. La irrupción de grupos terroristas como la separatista vasca ETA, o los de extrema izquierda, FRAP, desbordaban con sus acciones armadas a unos aparatos de seguridad policial desorientados e incapaces de controlarlos. El 20 de diciembre de 1973, tan sólo dieciocho días antes del juicio, se había producido el terrible atentado mortal contra el almirante Carrero Blanco y el régimen se dislocaba entre partidarios de la apertura política (Pio Cabanillas, Francisco Fernández Ordóñez, etc.) y la implacable línea dura de la extrema derecha, encabezada por el falangista José Antonio Girón de Velasco, el león de Fuengirola. El jefe de Gobierno era Carlos Arias Navarro, «un canalla, pero además un zoquete» según afirmaba en enero de 2015 el académico Juan Luis Cebrián, entonces un joven periodista, redactor-jefe en el periódico Pueblo, y que recordaba que «desde el primer momento, en los medios de comunicación de la época se tenía la impresión de que se dictaría pena de muerte».
Además, la salud de Franco se deterioraba rápidamente y los seguidores del franquismo veían con temor que aquello llegaba a su fin. El régimen optó por salvar los muebles y dar una respuesta ejemplar, un acto de venganza por la muerte del almirante. Así que la suerte de Puig Antich estaba echada y no tenía ninguna posibilidad de que la pena le fuera conmutada. El 11 de febrero, el Consejo Supremo de Justicia Militar ratificó la sentencia. Curiosamente, un día después, Arias Navarro pronunciaba en las Cortes un discurso triunfalista que hablaba de la necesidad de apertura y la creación de una ley que permitiera las asociaciones políticas. El espíritu del 12 de febrero se llamó, que quedó en nada y que concitó el rechazo absoluto del Bunker, el reducto irreductible de los recalcitrantes franquistas de antaño.
Fuera de España hubo masivas protestas por la pena impuesta a Puig Antich. Willy Brandt y el Vaticano pidieron su indulto, aunque en el interior consta que apenas si hubo peticiones de clemencia más allá de los abogados defensores, Oriol Arau y Francesc Caminal, por partidos o asociaciones, por otro lado inexistentes o duramente perseguidos. «Era la víctima perfecta porque nadie de la clase política le reclamaba. Fue un asesinato legal» –manifestaba en su día Manuel Huerga, director de la película “Salvador”, que sobre el caso se realizó en 2006.
A la vez que Puig Antich, fue ejecutado en Tarragona el ciudadano alemán Georg Michael Welzel, alias Heinz Chez, al que entonces se creía polaco. Welzel era un nómada que rozaba la oligofrenia, que había estado preso de la Stasi en la antigua República Democrática Alemana y que sobrevivía dando tumbos por la costa de Tarragona y que en uno de ellos, un año antes, mató a un guardia civil. El franquismo utilizó la ejecución de Welzel como una forma de apantallar y de distraer la atención de la ejecución de Puig Antich. De alguna manera, el Estado se vengó en ellos, ambos fueron ajusticiados por la muerte de Carrero.
Se conoce quién fue el encargado de ejecutar aquella sentencia. Antonio López Sierra, o Guerra. El triste verdugo titular de la Audiencia Provincial de Madrid. Y también triste ejecutor de tristes homicidas, noticias que llenaban de estupor y de morbo la prensa de sucesos de finales de los cincuenta y en los sesenta en una triste España. El garrote vil acogotó, entre otros muchos, a José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, El Jarabo, que había asesinado a cuatro personas por un asunto de honor, el de su amante casada. O también acogotó el gaznate de Pilar Prades Expósito Santamaría, «La envenenadora de Valencia», la última mujer ajusticiada en España, en 1959, ocho semanas antes que El Jarabo. Antonio López Sierra, o Guerra inspiró en 1963 la célebre película de Berlanga “El Verdugo”, un alegato contra la pena capital, ahora reconocida como una obra de arte y que entonces sentó como un garrotazo al general bajito de la voz atiplada cuando la vio en su cine del palacio de El Pardo. También intervino Sierra, o Guerra en el documental “Queridísimos verdugos”, de Basilio Martín Patino, en 1973, un año antes de la última ejecución.
Hay una leyenda que dice que el siniestro artilugio del garrote vil, unos garfios metálicos con un tornillo que rompía el cuello del reo estuvo en propiedad de don Camilo José Cela, que lo tendría como una advocación de su Pascual Duarte. Pero es leyenda.
Con el paso del tiempo el proceso y ejecución de Puig Antich han adquirido interés histórico relevante. Las hermanas de Puig Antich elevaron una demanda de nulidad de sentencia ante el Tribunal Supremo en 2001, que fue desestimada en 2007.
Así publicaba la noticia el semanario EL CASO el 8 de marzo de 1974.
«La Ley de Memoria Histórica del año 2007 no da solución al problema de anulación de juicios de esa época. Si no se producen hechos nuevos “técnicamente” no ha lugar para una revisión de la sentencia emitida entonces. La Justicia actual no lo contempla, aunque en su momento no se cumplieran las garantías para que se produjera un juicio justo, incluso la Ley de Enjuiciamiento Criminal es muy antigua y no permite ningún recurso a ese caso» –confirmaba el 19 de enero de 2015 el magistrado Ángel Juanes Peces, vicepresidente del Tribunal Supremo, órgano que rechazó en su día el recurso presentado por la familia de Puig Antich.
Por otro lado, el 31 de octubre del 2014, la jueza argentina María de Servini, instruyó una causa contra el franquismo por la ejecución de Salvador. Amparándose en el principio de justicia universal envió una orden internacional de busca y captura contra varios ministros del franquismo, entre ellos Antonio Carro Martínez o José Utrera Molina, firmantes de la sentencia condenatoria de Puig Antich. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, al que se le ha asignado este caso, no había decidido a finales de enero qué hacer con estas órdenes de detención internacional y si extradita o no a los buscados. Aunque en marzo del 2014 se aprobó en el Congreso las limitaciones a la Ley de Justicia Universal, por resultar inapropiada para nuestros intereses tras las presiones realizadas por el gobierno chino, incómodo por la imputación que la justicia española hizo a uno de sus dirigentes relacionado con la represión en el Tíbet. China es uno de los mayores compradores de deuda pública española.
También se han escrito numerosos libros e investigaciones sobre el asunto, el último por el historiador y profesor de la Universidad Complutense Gutmaro Gómez Bravo. En su obra “Puig Antich, la transición inacabada” Gómez Bravo indica que –ante el escepticismo y el conformismo sobre la aceptación de unos hechos dados por probados la memoria necesita de la historia, de sus documentos, si no, corremos el riesgo de una impostura. Gutmaro Gómez Bravo señala que –aún hoy en día siguen cerrados a la consulta los archivos de la Brigada Político Social –y afirma rotundamente que– tras Camboya, España tiene el número más alto de desaparecidos políticos.
La década pasada fue la década perdida de la memoria en España y los condenados por el franquismo siguen siendo culpables.
Texto: Ángel Aguado López. Publicado en febrero de 2015.
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